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Hace algunos años lo puso de moda un anuncio de artículos de limpieza. La prueba del algodón es la definitiva para comprobar que la suciedad no estaba presente en la zona a la cual se había aplicado el producto.
Por lo que a España y la democracia se refiere, se puede aplicar la prueba del algodón para comprobar la mansedumbre de la Justicia en general, respecto del gobierno de la nación.
Comencemos por el Tribunal Constitucional. Esta es su prueba:
El día 13 de octubre la prensa publicó una fotografía en la que en la tribuna principal, destinada al Jefe del Estado y demás autoridades de España, en la conmemoración de la fiesta nacional, la vicepresidenta del gobierno, en una actitud muy desafortunada abroncaba a la presidenta del Tribunal Constitucional quien solo se limitaba a aguantar el tipo y a justificarse. Ello se puede deducir a través de la visión de los videos que algunas televisiones emitieron, la presidenta del Tribunal Constitucional aguantaba el chaparrón, ante lo que inevitablemente se le venía encima.
Como viene siendo natural, nulo comentario de los medios de comunicación pesebreros, y escaso por parte de los maricomplejines del resto de medios. ¡qué falta de coraje y de sinceridad!
¿cómo es posible esta escena en un país que se llama democrático?, la respuesta es que esta escena no es posible en un país democrático. Esta escena es propia de países subdesarrollados.
La escena hay que desgranarla. Preside el Acto el Rey. Está el presidente del gobierno, los presidentes del Congreso y Senado, la Casa Real casi al completo y otras autoridades. Están obviamente las dos protagonistas.
La vicepresidenta desaira al Rey y a las demás autoridades en un acto público. Seguramente por sus muchísimas ocupaciones no tiene otro momento ni otro lugar para poner firme a la presidenta del Tribunal Constitucional. Falta al respeto a todos ellos. Y a todos los españoles que merecemos que las instituciones se respeten entre ellas.
Es falta de tiempo o será, tal vez, que la vicepresidenta del gobierno lo hace porque se siente segura del terreno que pisa. O será porque sabe que nadie se va a atrever de formular ningún comentario al respecto. O será porque se sabe superior a su forzaba interlocutora, a la que con su actitud altanera ningunea clamorosamente.
Flaco favor hace a España esta señora vicepresidenta. ¿acaso le importa?
La prueba del algodón es irrebatible. En España el Tribunal Constitucional es una mascarada al servicio del gobierno de turno. Sirve para revestir, ante los memos, que lo que ha dicho tal o cual partido (el que tenga mayoría en aquél momento) es lo correcto.
La falta de respeto se inició con las leyes que reformaban la Justicia, pasando a ser los partidos políticos quienes nombrasen a los jueces o magistrados para los puestos de renombre y que realzan al jurista. No sé quién debe sentir más la vergüenza, si los electores –los partidos- o si es el elegido que sabe que su pertenencia a la ideología del partido que lo nombra es la causa de la evaluación de sus méritos, o si quien debe sentir un enorme sonrojo es el ciudadano que observa la gran desvergüenza con la que se actúa en España. Quién desde luego no siente vergüenza es el militante de base de uno u otro partido que “traga” y defiende esa forma de actuar.
El Planteamiento general de estas líneas es para decir alto y claro que yo no creo en la Justicia en España. Y soy abogado de profesión. Pero no me refiero a los casos en que el desconocimiento, la negligencia, la ineptitud de letrados o jueces puedan arruinar los derechos de los ciudadanos. En estos casos existen a mano de cada persona un sin fin de oportunidades para enderezar el rumbo. Me refiero, naturalmente, a los casos de los altos Tribunales de Justicia o al más alto de entre los altos Tribunales.
Y no hay justicia por un hecho muy simple. ¿Cómo es posible que en los asuntos importantes, los jueces se dividan en dos grupos, que se identifican con el gobierno y la oposición? O sea, no es posible que los altísimos juristas, las eminencias del derecho, se alineen en formación distinta de la partidista al enjuiciar un caso. Y ello quiere decir que hay dos clases de justicia, la de que proviene de la forma de ver las cosas de un partido y del otro.
Magnífico. Hemos destrozado la democracia, pero hemos avanzado enormemente en la solución de la justicia. Ya sabemos que cuando se vaya a debatir un asunto, solo hay que contar cuántos altísimos magistrados los ha nombrado tal y cuál partido, y en caso de empate, analizar la ideología política de quién en ese momento ocupe la Presidencia que, con su voto de calidad va a decidir. No se por qué me pongo a escribir estas líneas si la solución es tan sencilla.
¡Ah, claro!, el problema es que decimos que España es un país democrático. ¡ya!, pues entonces la solución con las normas actuales no existe. ¡vaya problema!. Cuál es la solución. Muy sencilla, los españoles no entran en estas cosas. Hay que dárselas servidas y en el peor de los casos, en una semana habrán desaparecido las opiniones en contra. Asunto liquidado.
Es una pena, pero no ha existido un Tribunal cuyo prestigio haya durado tan escaso tiempo. El primer presidente, Sr. García Pelayo, avergonzado, cuando concluyó su mandato se fue de España y murió al poco tiempo en el extranjero. Dicen que afectado por la solución que tuvo que adoptar en la ley sobre la expropiación de Rumasa.
No creo que fuera para tanto, al fin y al cabo solo cometió la barbaridad de decidir con su voto de calidad, que si se puede condenar a alguien sin haberlo escuchado. Pequeñeces para un país sin democracia. Otro cantar sería si esa decisión, básica para un país considerado como un estado de derecho, se hubiese adoptado en un país democrático.
Ahora se va a acometer el estudio de recurso de inconstitucionalidad del estatuto de Cataluña. Había una piedra en el camino. La presidenta, esa señora que se dejaba abroncar en público, ha concluido su mandato y por lo tanto desaparece su voto de calidad. Qué hacer, pues muy simple, se modifica la ley. Pero es que se oponen los magistrados del sector conservador que en esa cuestión son mayoría. Pues nada, se apartada a dos de ellos, porque el gobierno los veta.
¿tenemos que esperar la decisión del Tribunal Constitucional?. Seguro que no, desde el gobierno le habrán facilitado el esquema de la sentencia, que los altísimos y sesudos magistrados se encargarán de adornar con la terminología jurídica al uso.
¡Viva nuestro estado de derecho!
Otro día me ocuparé del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional (Bermúdez y Garzón incluidos) |
